Uno de los momentos más impactantes en la vida sacramental de los católicos ocurre cuando entramos a un confesionario, dejamos nuestros pecados a los pies de Jesús en la persona del sacerdote y recibimos el perdón de Dios. Sin embargo, los legisladores estatales de California quieren invadir este encuentro personal, requiriendo que los sacerdotes revelen ciertos pecados. Este es un cambio que debería preocupar a las personas de fe en cualquier lugar.
Justo antes de que ascendiera a los cielos, Jesús se apareció a los discípulos y les dijo: “‘La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío’. Dicho esto, sopló y les dijo: ‘Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos’” (Juan 20,21-23). Esta investidura del poder para perdonar pecados nos muestra cuánto Jesús nos ama y nos quiere acompañar con su misericordia.
En el confesionario – o para los católicos de rito oriental, frente al icono de Jesús – experimentamos la misericordia y amor infinitos de Cristo, quien desea tanto estar con nosotros en nuestro abatimiento que les dio a los sacerdotes la autoridad para perdonar pecados.
Cuando acudimos al Sacramento de la Reconciliación, Jesús ofrece su perdón incondicional a los que se arrepienten. Los pecados que confesamos están dirigidos a Cristo en la persona del sacerdote y son sumergidos en su misericordia. Por lo tanto, se requiere que los sacerdotes mantengan en secreto absoluto todo lo que se les revele durante la confesión.
El Código de Derecho Canónico indica claramente: “El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo” (Can. 983.1). Si un sacerdote claramente rompe esta confidencialidad, el sacerdote queda automáticamente excomunicado y no puede ser reestablecido a la Iglesia al menos que el Papa lo haga.
La legislatura de California actualmente está considerando la propuesta de ley SB 360, la cual requeriría a los sacerdotes revelar los pecados de abuso sexual escuchados en el confesionario. Como mi hermano obispo, el arzobispo de Los Angeles José Gómez, ha dicho: esto busca “resolver una crisis que no existe”.
El arzobispo Gómez señala un estudio del 2017 realizado por el profesor Keith Thomson que muestra que “el abuso sexual no es un pecado que las personas confiesan a los sacerdotes en el confesionario. Aquellos que asesoran a tales depredadores nos dicen que tristemente, muchos de ellos guardan el secreto y son manipuladores, y no pueden comprender la gran maldad de sus actos”.
Al mismo tiempo, la idea de que el gobierno pueda invadir la relación intima entre una persona y Dios es un ejemplo obvio de menosprecio de la libertad de religión de la Iglesia, la cual está asegurada por la Primera Enmienda.
Los sacerdotes de la Arquidiócesis de Denver han sido denunciantes obligatorios de abuso sexual desde hace años, y apoyo completamente esta medida, junto con las normas rigurosas de ambiente seguro que hemos implementado. Sin embrago, no es aceptable dejar que el estado intervenga en el confesionario. Estoy completamente de acuerdo con la declaración del obispo Michael Barber: “Aunque esta propuesta de ley se apruebe, ningún sacerdote deberá obedecerla. Se debe proteger su derecho a confesarse con Dios y ser perdonados de sus pecados en total privacidad… Iré a la cárcel antes de obedecer este ataque a nuestra libertad religiosa”.
Los penitentes no deberían de temer la confesión, sino que esta debería ser un lugar donde encuentren lo que Jesús describió a Santa Faustina como “el tribunal de la misericordia. Ahí los milagros más grandes acontecen y se repiten incesantemente. Para aprovechar este milagro no es necesario ir a una gran peregrinación o realizar una ceremonia externa; basta con ir con fe a los pies de mi representante y revelarle a Él la propia miseria, y el milagro de la Divina Misericordia se demostrará grandemente” (Diario de Santa Faustina, 1448).
Que Dios guíe a nuestros legisladores y a nuestro país en estos tiempos difíciles, y que nos ayude a restaurar a todas las personas su verdadera dignidad, la cual es conferida por el Creador y no por el gobierno.
