El 6 de agosto del 2025, el gobernador Jared Polis firmó la Orden Ejecutiva D 2025-009, convocando a una sesión especial para abordar el presupuesto desequilibrado de Colorado, así como los efectos de la legislación federal H.R.1 y la controvertida ley estatal de inteligencia artificial. [1] Tras la convocatoria del gobernador Polis, la Asamblea General de Colorado se reunió de nuevo el 21 de agosto para la primera Sesión Extraordinaria de la 75ª Asamblea General. El gobernador instruyó que el alcance de la “Sesión Especial” se limitara a asuntos fiscales, de salud, seguridad alimentaria y temas relacionados con inteligencia artificial.
¿Por qué tener una sesión especial de la legislatura?
Si bien la aprobación de H.R.1 dio razón suficiente para convocar a la legislatura, ha habido otros problemas presupuestarios causados por proyectos legislativos particulares, incluido el aborto, que recibió más financiamiento durante la sesión especial. En junio del 2025, antes de H.R.1, los reportes estatales ya mostraban un déficit presupuestario de 700 millones de dólares para el año fiscal 2026-27. [2] Para el año fiscal 2025-26, las revisiones disminuyeron respecto a los ingresos totales esperados, lo que impactó distintas áreas del estado.[3] Esto llevó al consejo legislativo y a la oficina del gobernador a expresar preocupaciones sobre una posible recesión en Colorado.
Sin embargo, la aprobación de H.R.1, “One Big Beautiful Bill”, hizo necesaria la convocatoria a una sesión especial por dos razones principales.
En primer lugar, los cambios que se hicieron a la política fiscal federal impactaron directamente el presupuesto. Colorado es uno de seis estados que usan el Ingreso Imponible Federal (FTI, por sus siglas en inglés) y uno de veinticuatro estados que tienen Conformidad Automática (RC, por sus siglas en inglés) con cambios en la política fiscal federal.[4] Esta combinación provocó que el presupuesto de Colorado se desequilibrara. Cuando el gobernador firmó el “Long Bill” (presupuesto) el 28 de abril del 2025, el presupuesto fue declarado balanceado. Colorado debe tener un presupuesto balanceado y, después de H.R.1, el presupuesto volvió a estar desequilibrado. Esta fue una razón de peso para la sesión especial: abordar un déficit de 783 millones de dólares para el año fiscal 2025-26.[5]
En segundo lugar, dentro de H.R.1 hubo cambios en la elegibilidad de reembolsos para servicios de Medicaid y cambios en la cobertura del gobierno federal para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Estos cambios podrían llevar a un costo adicional potencial estimado en mil millones de dólares para el estado hacia el 2032, según la Oficina de Planificación y Presupuesto Estatal dentro de la oficina del gobernador. [6] Actualmente, el gobierno federal cubre el 100 por ciento del costo de los beneficios de SNAP para los ciudadanos de Colorado (120 millones de dólares por mes).[7] El cambio federal en SNAP llevó a mayores gastos para Colorado este año y potencialmente más en el futuro, ya que el gobierno federal calcula las tasas de error señaladas en H.R.1 en lo que respecta a SNAP y Medicaid.
Sin embargo, estos incrementos proyectados para el estado solo ocurrirán si Colorado se niega a seguir las nuevas restricciones de elegibilidad establecidas por el Congreso, asegurando que las únicas personas elegibles para Medicaid sean aquellas que necesitan la red de seguridad, incluidos los ancianos, enfermos y discapacitados. Esto requiere que los adultos sanos trabajen y no vivan de beneficios federales o estatales, contribuyendo a la deuda nacional de más de 36 billones de dólares.[8]
La perspectiva católica sobre las nuevas restricciones de elegibilidad
Para los católicos, las nuevas restricciones de elegibilidad en Medicaid y SNAP están alineadas con la enseñanza de la Iglesia. La caridad es la virtud cristiana, y el trabajo es importante para la dignidad humana y el florecimiento de la sociedad. La doctrina social de la Iglesia apoya la reforma del bienestar para fomentar la responsabilidad, pero también insiste en que los pobres no pueden ser abandonados. Si bien la reforma puede proteger la dignidad humana alentando el trabajo y evitando la dependencia, siempre debe garantizar que los verdaderamente vulnerables —niños, ancianos, discapacitados y quienes atraviesan una crisis— no se queden sin ayuda.[9]
Como escribió san Juan Pablo II en Centesimus Annus, en el centenario de Rerum Novarum de León XIII, el “Estado asistencial” daña la dignidad humana y el bien común al “privar a la sociedad de su responsabilidad”, lo que lleva a “una pérdida de energías humanas y un aumento desmedido de organismos públicos”.[10] El principio de subsidiariedad trabaja junto con el principio de solidaridad por el bien común. San Juan Pablo II define la subsidiariedad como la comunidad de “orden inferior” siendo apoyada, pero no interferida, por la comunidad de “orden superior”, por ejemplo, la relación de la familia con la ciudad, de la ciudad con el estado o del estado con la nación.[11]
En Colorado, sin embargo, los legisladores no logran reconocer la necesidad de reducir la intromisión federal en el bienestar social en aras del bien común y la subsidiariedad, devolviendo la responsabilidad principal al estado, a la ciudad y, en última instancia, a la familia y la sociedad civil. No hacerlo centralizará innecesariamente las preocupaciones de asistencia social en el nivel estatal, alejándolas de quienes mejor conocen las necesidades de su comunidad inmediata, y aumentará los impuestos y la dependencia, incrementando así el costo de vida y la pobreza en Colorado.
Más preocupaciones de financiamiento en Colorado
Debido a que los legisladores de Colorado se niegan a alinear la elegibilidad para SNAP y Medicaid con la nueva política federal, el estado podría perder aún más fondos federales en los próximos años, aumentando aún más el presupuesto estatal y el déficit. Esto aumentaría aún más la tasa de pobreza y el costo de vida para los habitantes promedio de Colorado, generando tensión en las familias.
Por ejemplo, el Programa comidas saludables para todos modificó su lenguaje para la iniciativa de boleta del 2025 a fin de usar fondos para compensar los nuevos costos relacionados con SNAP dentro del estado si el programa recauda lo suficiente para ser financiado en su totalidad.[12] La pregunta en la boleta, ahora modificada desde la sesión especial, pedirá a los votantes permitir que el estado aumente los impuestos en 95 millones de dólares anuales para abordar el acceso a alimentos saludables y apoyar la seguridad alimentaria de las familias de bajos ingresos. A medida que el estado continúe en desacuerdo con el gobierno federal, justificará la necesidad de aumentar los impuestos en Colorado.
A pesar de las preocupaciones sobre el bienestar generadas por H.R.1, hubo cambios positivos en los reembolsos de Medicaid bajo la ley federal, incluida la “retirada de fondos” a Planned Parenthood de millones de dólares de los contribuyentes que reciben anualmente. Debido a la enmienda federal Hyde, Planned Parenthood y otras clínicas de aborto legalmente no pueden usar los fondos federales de Medicaid para abortos; sin embargo, el aborto representa el 97 por ciento de los “servicios de resolución de embarazo” de Planned Parenthood, y el 34 por ciento de su financiamiento proviene de fondos de los contribuyentes.[13] Si bien es una gran victoria por la vida retirar fondos al aborto a nivel federal, Colorado lo financia aún más con dólares estatales de los contribuyentes. Esta fuente de financiamiento creció en la sesión especial.
La Enmienda 79 de Colorado en el 2024 eliminó la prohibición del financiamiento de abortos con impuestos estatales[14], y la Sesión General del 2025 con la SB25-183 asignó al menos 1,5 millones de dólares anuales[15] de fondos estatales de los contribuyentes para abortos electivos durante las 40 semanas del embarazo. Los legisladores proaborto usaron esta sesión especial, bajo el pretexto de la “atención médica”, para aumentar el financiamiento del aborto. Organizaciones como Planned Parenthood of the Rocky Mountains, que ya cuentan con más de 17 millones de dólares en activos líquidos, hicieron cabildeo para “compensar” sus pérdidas por H.R.1. Los legisladores estatales alineados con la industria del aborto usaron la sesión especial para aprobar la SB25B-002, reembolsando a Planned Parenthood y a otras clínicas de aborto 4,4 millones de dólares adicionales al año.
Esto significa que, a partir de 2026, los contribuyentes de Colorado gastarán más de 6 millones de dólares anuales en abortos. Mientras el gobernador Jared Polis llamó a la legislatura para arreglar el presupuesto, la mayoría proaborto en su lugar aumentó el acceso al aborto, profundizando trágicamente una cultura de muerte en Colorado.
La santidad de la vida es el tema preeminente para los obispos de Colorado. La protección de los niños por nacer y la salud y seguridad de sus madres es una preocupación moral no negociable. La Conferencia Católica de Colorado está muy agradecida por los legisladores provida que continúan combatiendo proyectos de ley sobre el aborto cada año y dan voz a los millones de niños silenciados por el aborto en Colorado.
Más medidas de financiamiento en Colorado
En un intento creativo de abordar el presupuesto desequilibrado, los legisladores de Colorado en la sesión especial aprobaron múltiples proyectos de ley relacionados con deducciones fiscales empresariales y venta de nuevos créditos fiscales. La legislatura analizó tanto los impuestos de pequeñas como de grandes empresas. La legislación patrocinada por el partido mayoritario eliminó la tarifa estatal de impuesto a las ventas para vendedores, que permitía a ciertos negocios retener hasta un 4 por ciento de sus recaudaciones.[16]
También se examinaron jurisdicciones extranjeras en materia de impuestos corporativos, y la legislatura amplió la lista de países sospechosos de usarse para evasión fiscal que recibirán mayor escrutinio.[17] El estado ahora también venderá créditos fiscales por hasta 125 millones de dólares en certificados por un valor real de 100 millones, que no son reembolsables y podrán acumularse hasta el año calendario 2033.[18] Tanto pequeñas como grandes empresas perdieron deducciones fiscales. A las compañías lo suficientemente grandes se les dio la oportunidad de comprar créditos por menos de su valor nominal si podían costear la inversión.
Colorado y la inteligencia artificial
Finalmente, en respuesta a la petición del gobernador, la Asamblea General consideró un tema relacionado con la Inteligencia Artificial (IA), creado por la SB24-205 “Protecciones al consumidor para la inteligencia artificial”. La legislación promulgada en 2024 debía entrar en vigor a inicios del 2026 y aumentaría los costos para negocios y gobiernos locales que usan software de IA. La ley de Colorado aseguraría que las empresas revisaran las decisiones tomadas con IA para garantizar equidad y transparencia. Aunque la legislatura no pudo abordar el contenido de la ley, aprobó un simple ajuste y extendió la fecha de implementación de febrero del 2026 a junio del 2026.[19] Esto significa que volverán a tratar el tema en la sesión del 2026, que comienza en enero.
El debate presupuestario no ha terminado
Durante la sesión especial se introdujeron 33 proyectos de ley. Para el cierre de la sesión, el 26 de agosto, se aprobaron 11 proyectos. Ninguna de las resoluciones concurrentes que llevaban los cambios fiscales a los votantes pasó, excepto las modificaciones al programa ya programado de Comidas saludables para todos. Varios proyectos aumentaron los impuestos a los habitantes de Colorado (lo cual no está permitido bajo TABOR sin referéndum en boleta), incluyendo 4,5 millones de dólares adicionales anuales para el aborto.
Los impuestos deben ser justos, proporcionales y dirigidos al bien común. Aumentarlos para financiar abortos socava la justicia; incrementarlos para un apoyo social auténtico puede ser legítimo si se hace de manera justa. Como la legislatura se levantó sin una solución estable y a largo plazo para el presupuesto, podemos esperar que el presupuesto vuelva a ser el tema central de la Asamblea General de 2026, que se reunirá de nuevo el 14 de enero de 2026.
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NOTAS:
[1] Orden Ejecutiva D 2025-009, gobernador de Colorado Jared Polis
[2] Marianne Goodland, Colorado Politics, “Colorado Legislators Wrap Up Special Session to Plug 800 million budget deficit”, (26 de agosto de 2025) [https://www.coloradopolitics.com/2025/08/26/colorado-legislators-wrap-up-special-session-to-plug-800-million-budget-deficit/](https://www.coloradopolitics.com/2025/08/26/colorado-legislators-wrap-up-special-session-to-plug-800-million-budget-deficit/).
[3] Pronóstico económico y de ingresos de Colorado, junio de 2025, personal del Consejo Legislativo.
[4] Impactos de la política fiscal de la ley federal de reconciliación, H.R. 1, Mark Ferrandino, director de la Oficina de Planificación y Presupuesto Estatal de Colorado.
[5] Orden Ejecutiva D 2025-009, gobernador de Colorado Jared Polis.
[6] Impactos de la política fiscal de la ley federal de reconciliación, H.R. 1, Mark Ferrandino, director de la Oficina de Planificación y Presupuesto Estatal de Colorado.
[7] Orden Ejecutiva D 2025-009, gobernador de Colorado Jared Polis.
[8] Departamento del Tesoro de EE.UU., https://fiscaldata.treasury.gov/americas-finance-guide/national-debt/
[9] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 184–186.
[10] San Juan Pablo II, Centesimus Annus (1 de mayo de 1991). (§48)
[11] Ibid.
[12] SB25B-003 *Healthy School Meals for All*, 75ª Asamblea General, Sesión Especial (Colorado 2025).
[13] El informe anual 2022-23 de Planned Parenthood muestra que el financiamiento de los contribuyentes, en forma de subsidios gubernamentales, contratos y reembolsos de Medicaid, alcanzó los 699,3 millones de dólares, o casi 2 millones de dólares diarios —equivalentes al 34 % de los ingresos totales de Planned Parenthood.
[14] Anteriormente era la Sección 50 del Artículo V de la constitución estatal, que prohibía el uso de fondos estatales para abortos. La Enmienda 79 eliminó esta disposición constitucional y su nota fiscal declaró un impacto de 0 dólares, porque los patrocinadores sabían que la legislatura regresaría en enero de 2025 y asignaría millones de dólares para abortos, lo cual se concretó con la SB25-183.
[15] Los 1,5 millones de dólares asignados con la SB25-183 eran un piso, no un techo. La nota fiscal señalaba que el cálculo se basaba en “ahorros” porque “el aborto es más barato que el parto”. El estado calculó sus ahorros fiscales a partir de más niños abortados en Colorado. Dado que la ley no tiene límite superior, el cálculo real basado en abortos efectivos en el estado probablemente supere los 8 millones de dólares anuales en fondos de los contribuyentes bajo la SB25-183. La nota fiscal y el proyecto de ley pueden encontrarse en: https://leg.colorado.gov/bills/sb25-183
[16] HB25B-1005 Eliminate State Sales Tax Vendor Fee, 75ª Asamblea General, Sesión Especial (Colorado 2025).
[17] HB25B-1002 Corporate Income Tax Foreign Jurisdictions, 75ª Asamblea General, Sesión Especial (Colorado 2025).
[18] HB25B-1004 Sale of Tax Credits, 75ª Asamblea General, Sesión Especial (Colorado 2025).
[19] SB25B-004 Increase Transparency for Algorithmic Systems, 75ª Asamblea General, Sesión Especial (Colorado 2025).
