1 de marzo del 2021
Carta de los obispos de Colorado a los fieles
El proyecto de Ley de Igualdad del 2021 (Equality Act of 2021 [H.R. 5]) obligaría a los estadounidenses a aceptar las creencias sobre la sexualidad humana ordenadas por el gobierno, las cuales son contrarias a la enseñanza social de la Iglesia y, por lo tanto, suponen una gran amenaza para la libertad religiosa.
La Iglesia católica enseña que cada persona debe ser tratada con dignidad, respeto y compasión, pues ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. La Ley de Igualdad pretende prohibir una supuesta discriminación basada en la “orientación sexual” y la “identidad de género”. Sin embargo, dicha ley autorizaría más bien la discriminación contra cualquier persona que tenga una creencia distinta sobre la sexualidad humana, de suerte que la obligaría a aceptar las creencias ordenas por el gobierno sobre la orientación sexual y la identidad de género, so pena de castigos penales y económicos.
De promulgarse la Ley de Igualdad, la enseñanza social de la Iglesia católica pasaría a ser ilegal, ya que pasaría a ser discriminatoria, y por consiguiente muchas instituciones y fieles de la Iglesia podrían ser acusados de infringir la ley.
Los partidarios de la Ley de Igualdad comparan esta propuesta con el movimiento en favor de los derechos civiles. Aunque la Ley de los Derechos Civiles de 1964 prohibió la discriminación contra los afroamericanos aprobada por el Estado, la Ley de Igualdad es distinta. Las leyes que abolieron las Leyes Jim Crow y promovieron la igualdad racial, y las leyes que promovieron la igualdad de los sexos (hombre y mujer) no se pueden comparar con las que promueven la orientación sexual y la identidad de género[1]. La raza y el sexo son dos cosas reales. La “orientación sexual” y la “identidad de género”[2], como se entienden en la Ley de Igualdad, son percepciones subjetivas de ciertos individuos y, por lo tanto, no deberían incluirse entre las características de una clase protegida bajo una ley federal de derechos civiles que ampara a las personas contra la discriminación racial o del sexo. A diferencia de la comunidad afroamericana en la época de las Leyes Jim Crow, las personas que forman parte de la comunidad LGBTQ no son tratadas como ciudadanos de segunda clase. Cuando el gobierno obliga a sus ciudadanos a aceptar o facilitar las creencias LGBTQ, de suyo está violando los principios más sagrados de la Primera Enmienda: la libertad de conciencia y la libertad de religión. Esto es precisamente lo que la Ley de Igualdad terminaría por hacer.
Por ejemplo, las agencias de adopción de las Caridades Católicas, basándose en la enseñanza católica y la investigación científica, tienen la certeza de que los niños necesitan tanto de una madre como de un padre. Hay diferencias claras entre ambos sexos que hacen que ser madre y ser padre sea algo distinto. La creencia sincera, basada en la fe y en la ciencia, de que el hombre y la mujer no son seres intercambiables, y de que el padre y la madre son irremplazables, no es un insulto a la orientación sexual[3]. La preferencia de una organización por dar a un niño en adopción a un padre y una madre no implica discriminación, y la ley no debería penalizar a una persona u organización por tomar una decisión basada en una convicción bien fundamentada. Si la Ley de Igualdad fuera promulgada, tanto las Caridades Católicas como otras entidades y organizaciones no lucrativas que tienen las mismas convicciones, se verían obligadas a elegir entre sus convicciones fundamentadas y el servicio a la comunidad, o podrían ser procesados por violar la ley.
La Ley de Igualdad infligiría numerosas penas legales y sociales a los estadounidenses de diferentes creencias. La ley incluso lleva consigo la orden de abortar que viola el derecho más preciado: el derecho a la vida.
De ser promulgada, dicha legislación:
- Penalizaría a las organizaciones religiosas caritativas, como los refugios y las agencias de cuidado de crianza, y, a la vez, a sus miles de beneficiarios, por el simple hecho de tener creencias distintas sobre el matrimonio y la sexualidad (§§ 3, 6).
- Obligaría tanto a los individuos como a organizaciones de diferentes ámbitos laborales de la vida cotidiana, entre los que figuran los trabajadores de salud y los asesores profesionales, a apoyar o defender las “transiciones de género”, aun cuando tales medidas estén en conflicto con su criterio profesional (§§ 3, 6, 7).
- Induciría a los contribuyentes a pagar la realización de abortos y a los trabajadores de salud con objeciones de conciencia a realizarlos y, en última instancia, pondría fin a más vidas humanas (§§ 3, 6, 9).
- Obligaría a niñas y mujeres a competir contra niños y hombres por oportunidades limitadas en los deportes escolares, y a compartir vestidores y duchas con hombres biológicos que se identifiquen como mujeres (§§ 6, 9).
- Ampliaría la definición gubernamental de lugares públicos para incluir numerosos ámbitos, lo que coaccionaría a las entidades religiosas a aceptar eventos o actividades contrarios a sus creencias en los espacios que administran, como los salones de las Iglesias y otras instalaciones similares ubicadas en sinagogas o mezquitas; de lo contrario, tendrían que cerrar sus puertas a la comunidad en general.
- Expulsaría a las personas de sus trabajos o los privaría de sus medios de sustento, solo por sostener que sus creencias sobre el matrimonio y la sexualidad son verdaderas (§ 3).
- Discriminaría a todo tipo de personas y organizaciones religiosas que tienen distintas creencias, lo que anularía parcialmente la ley bipartidista de restauración de libertad religiosa e implicaría una desviación sin precedentes de dicha ley y de uno de los principios fundacionales de los Estados Unidos (§ 9)[4].
La Ley de Igualdad no promueve la dignidad y la igualdad humanas, sino que divide a nuestro país y autoriza la discriminación en contra de los fieles católicos, las comunidades religiosas y otras personas con creencias diferentes sobre la sexualidad humana y el matrimonio. Es imprescindible que todos los estadounidenses de diferentes orígenes y creencias, en especial los católicos, se comuniquen con sus senadores para votar en contra del proyecto de Ley de Igualdad (Equality Act H.R. 5). El futuro del primer y más sagrado derecho de los Estados Unidos depende de ello.
Sinceramente suyo en Cristo,
Mons. Samuel J. Aquila
Arzobispo de Denver
Mons. Stephen J. Berg
Obispo de Pueblo
Mons. Michael J. Sheridan
Obispo de Colorado Springs
Mons. Jorge Rodríguez
Obispo Auxiliar de Denver
[1] Anderson, R. T. (2019). When harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment. New York: Encounter Books.
[2] Empleamos estos términos de acuerdo con su significado en el documento “2021 Equality Act H.R. 5”. Para más información sobre la enseñanza de la Iglesia Católica acerca de la ideología de género, léase el documento “Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo”, Congregación para la Doctrina de la Fe, 31 de mayo del 2004.
[3] Ibíd., Anderson (2019).
[4] Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (24 de febrero del 2021). Letter to Congress on the Equality Act.
Https://www.usccb.org/resources/Letter_to_Congress_on_Equality_Act_Feb_23_2021.
